Santo Domingo. Con el objetivo de dar seguimiento a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, e impulsar nuevos pasos para la erradicación de uniones libres con personas menores de 18 años, la organización de ayuda humanitaria World Vision realizó un panel sobre el contexto actual y posibles alternativas para reducir esta práctica nociva que sigue latente, principalmente en zonas vulnerables.
Bajo el tema “Matrimonio infantil: ¿realmente acabó”, especialistas en áreas de Protección de la niñez de World Vision, CONANI, Plan International y Misión Internacional de Justicia presentaron una perspectiva de lo que se espera tras la promulgación de la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil, para producir un cambio de comportamiento social, y crear oportunidades en las comunidades para sensibilizar y reducir los casos existentes.
De acuerdo a estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), del 2001- 2018 se registraron 8,009 de matrimonios legítimos con adolescentes entre 14-17 años, de los cuales 7,480 son niñas y 529 niños. Sin embargo, no hay estimaciones del número de uniones libres en esta categoría, pero se reconoce el aumento de estos casos. Las provincias con mayor prevalencia fueron Santiago y Santo Domingo, con una tasa de 16.5% y 13.7% respectivamente.
Causas y alternativas
Sonia Hernández, abogada y directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia del IJM, enfatizó que tanto el matrimonio infantil como las uniones tempranas representan una forma de explotación sexual, las cual muchas veces va apoyada por la familia y la comunidad que no se atreve a denunciar, ya que ven esta unión como una salida fácil o una mejora a su condición social o económica.
Para Laura Betrón, oficial de derechos sexuales y reproductivos de Plan International, parte de la solución radica en la sensibilización sobre el tema, desmontar la creencia que la maternidad es lo que le brinda valía a estas niñas ante la sociedad y la creación de su futuro; también es necesario trabajar el mal enfoque de la masculinidad que requiere a alguien joven para modelar a sus criterios; así como estructurar e implementar programas que le brinden oportunidades y medios de vida, sin necesidad de una pareja como fuente económica.
“Otro aspecto vital es el trabajo intersectorial y el involucramiento a todos los actores (niño/a, familia, vecinos, iglesia, escuela, organizaciones, empresas, Gobierno) para incidir y transformar la perspectiva hacia una nueva forma de pensar que repercutirá en las acciones y decisiones de los afectados. La primera fase debe ser formativa para impulsar un nuevo comportamiento social”, añade Johnny Bidó, asesor nacional de Protección e Incidencia de World Vision.
A lo que Dorina López, gerente general de CONANI, agrego que, desde noviembre 2020, el Estado ha creado el Gabinete de Niñez y Adolescencia, donde parte de los temas a tratar son las uniones tempranas y embarazo en adolescentes, un esfuerzo gubernamental que involucra a la sociedad civil y organizaciones para velar por la protección, atención y persecución de casos vinculados a la violación de sus derechos. Destacó también que, en la actualidad, el Gabinete se encuentra en un proceso de diseño técnico de un plan de acción, el cual será develado en los meses siguientes.
Todos los panelistas coincidieron en que la denuncia de estos casos a la entidad regente es vital para la identificación de víctimas para así tomar nuevas acciones que garanticen su atención y apoyo. El acompañamiento psicológico y desarrollo de oportunidades educativas y económicas también resultarán esenciales para contribuir al crecimiento sano de estos niños, niñas y adolescentes.
