uristas de Argentina, México, Chile y la República Dominicana ponderaron los avances alcanzados por el Poder Judicial dominicano en materia de justicia abierta, e instaron a la institución a dar continuidad a estas políticas para consolidar la confianza ciudadana y la independencia de los órganos judiciales.
Durante dos paneles moderados por el magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Suprema Corte de Justicia dominicana, los especialistas coincidieron en que la implementación de una justicia abierta no solo arroja resultados tangibles, sino que eleva los niveles de legitimidad y transparencia del sistema.
Estos foros contaron con la participación de Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana; Berenice Barinas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y Carmen Victoriano, directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias (República Dominicana); Álvaro Herrero, coordinador ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta (Argentina); José (Pepe) García Morales, coordinador regional de Apoyo a Países de América de la Open Government Partnership, y Ana Cárdenas, directora de Proyectos de Justicia del World Justice Project (México); y Peter Sharp, consultor internacional en Gobierno y Justicia Abierta (Chile).
Los expertos subrayaron que la justicia abierta funciona como una métrica para calcular la valoración ciudadana sobre los sistemas judiciales.
“La justicia abierta nos ayuda en la confianza y legitimidad de la ciudadanía. Hay que cristalizar los avances y repensar la transparencia; República Dominicana es una buena guía en términos de justicia abierta y se debe seguir este camino”, explicaron los panelistas.
Uno de los puntos clave abordados fue la necesidad de conectar la política de justicia abierta con una justicia centrada en las personas, describiéndolas como «dos caras de la misma moneda». En ese sentido, recomendaron concentrar recursos y esfuerzos en la colaboración activa con los usuarios del sistema y distintos sectores sociales.
