El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, en representación de las comunidades, así como el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
La inversión estimada en el proyecto de reasentamiento superará los RD$20 mil millones, contemplando desde el inicio la provisión de viviendas dignas y adecuadas a cada familia residente conforme al censo realizado, el acceso adecuado a servicios básicos esenciales (agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación -primaria y secundaria-, instalaciones deportivas -cancha mixta y campo de béisbol- y vías de acceso), los planes de restauración de medios de vida y actividades productivas de las familias residentes afectadas.
El acuerdo contempla nuevos valores de reposición para seis cultivos establecidos en una matriz de precios, así como el valor de la compensación que será pagado por tarea de tierra.
Desde sus inicios, el proyecto de reasentamiento contempló un programa de soporte psicosocial que consiste en acompañamiento personalizado a los hogares afectados, con profesionales en el área de psicología, para prevenir y/o gestionar las dificultades que se presenten en los hogares, y para hacer un seguimiento al diseño e implementación de los planes de vida familiares.
De igual forma, se consideró un programa de generación de ingresos y educación financiera con acompañamiento técnico en el diseño e implementación de actividades económicas, un programa de fortalecimiento educativo cuya meta es contribuir a reducir los niveles de rezago de los estudiantes de las comunidades reasentadas en su proceso educativo y desarrollar un programa de reducción del analfabetismo en las comunidades y un programa de convivencia con acciones orientadas a fomentar la integración y la buena relación entre hogares reasentados y comunidades receptoras.
