La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana, en su compromiso continuo con la protección del medio ambiente y los derechos de los ciudadanos, emite una advertencia urgente sobre la posibilidad de que, con los resultados de las elecciones recientes, el gobierno de Abinader, guiado por las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, se prepare para una nueva ola de privatizaciones que amenazarán la ya menguada independencia acuífera de nuestro país.
Contexto y preocupaciones actuales:
1. El agua no está en venta: Reiteramos nuestra posición firme de que «el agua no está en venta». El acceso al agua es un derecho humano fundamental, y su privatización pondría en riesgo la salud y el bienestar de todos los dominicanos.
2. Historia de luchas: Recordamos las batallas pasadas contra la privatización del agua. En 2020, la resistencia civil logró detener una propuesta de ley que habría allanado el camino para la concesión del agua a actores privados (similar a lo acontecido hace 10 años con una ley de similares características). No podemos permitir que esta lucha sea en vano.
3. Mekorot sigue rondando: A pesar de nuestros esfuerzos, la empresa israelí Mekorot aún acecha nuestros recursos hídricos. Debemos permanecer vigilantes y unidos para proteger nuestras fuentes de agua de intereses extranjeros.
4. FMI y Banco Mundial: Nuestras políticas económicas, especialmente las relacionadas con el uso y manejo de nuestros recursos naturales, han sido y están dictadas, en detrimento del pueblo dominicano, por el FMI y el Banco Mundial.
5. Bien Común: El agua es un bien codiciado y, oportunamente, el garante para los préstamos desorbitados a los que acuden los poderes públicos, llámese Ejecutivo y Legislativo, razón por la que hacemos la advertencia.
Nuestra demanda:
La Red Socioambiental Dominicana apoya y exige una Ley de Agua que garantice lo siguiente:
1. Propiedad y administración local: Los recursos naturales, incluido el agua, deben permanecer en manos del pueblo dominicano. La ley debe establecer claramente que estos recursos son patrimonio nacional y no pueden ser privatizados.
2. Gestión pública transparente y participativa: Las instituciones encargadas de administrar los recursos hídricos deben ser públicas y transparentes en sus acciones y decisiones. La participación de la sociedad civil y las comunidades locales debe ser un pilar fundamental en la toma de decisiones.
3. Protección y vigilancia: La Ley de Agua debe incluir disposiciones para la protección y vigilancia efectiva de nuestros acuíferos. Las instituciones designadas deben velar por la sostenibilidad y la preservación de nuestras fuentes de agua.
4. Penalización de la explotación desmedida: La ley debe establecer sanciones para aquellos que busquen explotar nuestros recursos hídricos de manera irresponsable o en beneficio propio.
5. Extracciones de agregados: Las extracciones de agregados de los ríos son un atentado al recurso agua, y una ley en ese sentido debe contener sanciones drásticas que incluyan severas consecuencias.
6. Minería: Las concesiones mineras deben ser revisadas y reorientadas porque son una agresión a los ecosistemas donde operan.
Un llamado a la unidad:
Instamos a todas las organizaciones ambientales, comunidades locales y ciudadanos comprometidos a unirse en esta lucha. Juntos, podemos defender nuestra soberanía hídrica y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
La Red Socioambiental Dominicana permanecerá vigilante y movilizada. No permitiremos que intereses económicos particulares prevalezcan sobre el bienestar de nuestro pueblo y atenten contra nuestra soberanía.
Para más información, comuníquese con nuestro comité de comunicación al correo electrónico: comunicacion@redsocioambiental.org
Por un futuro sostenible y con agua para todos.
