El magistrado Javier Hernández García, juez del Tribunal Supremo de España, aseguró que el modelo procesal penal dominicano es, normativamente, un producto que bien utilizado permite obtener una respuesta eficaz, objetiva y eficiente, pero que requiere de un fuerte compromiso de coordinación e interoperabilidad entre los actores del sistema.
En ese sentido, el experto europeo consideró que para lograr la optimización del proceso penal dominicano se requiere establecer un modelo que facilite la coordinación, el diálogo continuo, el análisis de sus retos y debilidades, pero sobre todo un compromiso proactivo entre todos los actores del sistema, “ya que la norma, por sí sola, no es suficiente para obtener buenos resultados”.
Indicó que ese es el papel al que están llamados la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública, los abogados privados y los jueces y juezas del Poder Judicial.
El magistrado, quien visitó el país como parte de la misión del proyecto de Hermanamiento (Twinning), ve necesario realizar una reforma legislativa que impacte tanto la normativa procesal como al propio Código Penal, que data del año 1884.
“Mientras no se llegue a un nuevo Código Penal, los mecanismos de aceleración pueden resultar dificultosos, precisamente por el desfase que se identifica entre las penalidades que están previstas en el Código Penal de 1884 y las penalidades que esas conductas merecerían al día de hoy; yo creo que es fundamental, una apuesta legislativa clara, que la hubo, pero creo que es fundamental un compromiso político para que salga un nuevo Código Penal adelante”, consideró.
